Reserva Hermandad: una iniciativa de "soft power"

El pasado 14 de enero el presidente Guillermo Lasso firmó en aguas de Galápagos el decreto de creación de la "Reserva Hermandad", un espacio de 60.000 kilómetros cuadrados de mar que forma una suerte de corredor biológico entre la existente Reserva de Galápagos (132.000 kilómetros cuadrados) y la Cordillera de los Callos, ya en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Costa Rica. 

Esta reserva forma parte de un proyecto más amplio de cooperación multilateral en conjunto con Panamá, Costa Rica, Colombia e instituciones internacionales para crear entre las ZEE de los citados países un espacio de medio millón de kilómetros cuadrados, denominado Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental (CMAR).

El CMAR conectará a las islas Galápagos en Ecuador, la isla Malpelo en Colombia y las de Cocos y Coiba de Costa Rica y Panamá, respectivamente. Este acuerdo, así como la propuesta de creación de la Reserva Hermandad, se hicieron en el marco de la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26) de noviembre pasado.

La creación de esta reserva -que está dividida en dos zonas de 30.000 km2, una de "no take" donde no se podrá hacer ninguna actividad extractiva, y otra donde estará prohibida el uso del palagre, polémico por provocar pesca y muerte accidental de especies sin interés comercial o protegidas- ha sido posible por el mecanismo de "reserva por deuda": Ecuador protege esa área y, a cambio de la compra de bonos de deuda del país por parte de entidades internacionales. En este caso son tres las instituciones que comprarán hasta 300 millones en bonos: Fundación Pew, la Corporación para el Desarrollo de EE. UU. y el Banco Holandés de Desarrollo. Los réditos de esos bonos se emplearán en promover el desarrollo conservación de Galápagos y su reserva.

Este acuerdo simboliza, en palabras de Lasso, un ejemplo de cómo mediante la cooperación internacional y el diálogo es posible resolver los problemas derivados de los efectos negativos de la globalización económica y el cambio climático. 

Ecuador y su compromiso con el derecho internacional marítimo

Laa preocupación de este gobierno (y del anterior, pues la propuesta de canjear deuda del Estado por reservas biológicas ya le fue planteado en su momento al ejecutivo de Lenin Moreno) es heredera de una tradición muy marcada en la política exterior del Ecuador en lo que respecta al derecho del mar y a buscar su normatividad a través del multilateralismo.

Ecuador, como país de vocación marina, ha sido un gran impulsor de iniciativas en ese campo. Como parte de la Comisión Permanente del Pacífico Sur junto a Perú y Chile, en 1952 fue firmante de la Declaración de Santiago, que luego sería un de los puntos de partida de las Conferencias del Mar de Naciones Unidas, de cuyo seno salió a su vez la Convención de los Derechos del Mar de 1982. Y digo que fue un punto de partida porque en ese documento los tres países proclamaron

"[...] como norma de su política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas".

Si hoy entendemos que la ZEE es un espacio de sobernía plena de los países, es gracias a que Ecuador propuso y defendió (por boca del diplomático Jorge Fernández) ese concepto en la Declaración de Santiago (Cuví, 2020, pp. 64-65 y 70-71); y de hecho en la III Convención del Mar de la ONU fue la delegación ecuatoriana la encargada de defenderla (Carrión Mena, 1989).

Soft-power medioambiental

Además de ser coherente con la política exterior ecuatoriana, la decisión de la actual administración Lasso podría entenderse como una iniciativa de "soft power" para ganar espacio en el sistema internacional y colocarse como un país preocupado por los temas de conservación de fauna marina y uso sostenible de los recursos marítimos. Que haya atraído la atención de expresidentes norteamericanos como Bill Clinton o de actores individuales que en los últimos años se han comprometido fuertemente con la lucha ambiental -caso de Leonardo Di Caprio- es un indicador de ese soft-power. Sin embargo, la política exterior debe ser coherente con la política doméstica, y en este sentido, cuestiones como la ruptura del oleoducto OLP y el consecuente derrame de petróleo sobre la amazonía ecuatoriana, o la deforestación -a espaldas o con la ceguera de las autoridades- de las quebradas que rodean a Quito y que están detrás de aluviones destructores como los de la pasada semana en La Gasca hacen que el uso de lo medioambiental en la acción exterior sea, cuento menos cuestionable.

Ecuador por su biodiversidad y su posición geográfica puede y debe jugar en el plano internacional el rol de impulsor de iniciativas para la protección del medioambiente y la lucha contra el cambio climático; pero primero debe poner en orden puertas adentro sus políticas medioambientales para que la política exterior en ese sentido sea fuerte, creíble y eficaz.

Bibliografía consultada:

-Carrión Mena, F. (1989). Política exterior del Ecuador: Evolución, teoría y práctica. Editorial Universitaria.

 -Cuví, J. (2020). José Ayala Lasso. La diplomacia y el poder. Testigos del Siglo.

 

El (excesivo) optimismo de la visión exterior de Juan Carlos Holguín hacia España

El pasado 11 de enero el recientemente nombrado Canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, afirmó para la agencia EFE que contemplaba a España como un país clave para representar la “voz de Latinoamérica” en la Unión Europea, y apostaba por estrechar las relaciones bilaterales entre Quito y Madrid. Al mismo tiempo señalaba a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) como institución que podía potenciar la perspectiva iberoamericana de los países de la región.

Las palabras del máximo responsable de los asuntos exteriores de Ecuador fueron muy criticados en redes sociales, al punto de ser vistos como cercanos a las concepciones de la Iberosfera defendidos por sectores de la extrema derecha española. Sin embargo es necesario hacer una reflexión desde perspectivas más amplias para comprender el porqué de este pronunciamiento del canciller y, sobre todo, si es posible adoptar la postura indicada por Holguín.

Un punto de partida innegable es la existencia de unos fuertes lazos históricos, lingüísticos y culturales entre España y Latinoamérica que se han ahondado con las oleadas de migración que se sucedieron a finales del siglo XX e inicios del XXI, al punto que se asiste en no pocas ciudades de América Latina a un nuevo encuentro con España en la gastronomía o algunas costumbres, por ejemplo.

No obstante lo anterior, en el ámbito político no podemos decir lo mismo. España es uno de los países con mayores intereses en Latinoamérica pero, paradójicamente, carece desde hace algunos años de una política clara hacia ella. Esto se deriva de cuestiones meramente internas a la planificación de la política exterior española. La primera es la progresiva europeización de la acción exterior de Madrid, lógica si tenemos en cuenta que las dificultades por las que España pasó con crisis económica iniciada 2008 se pudo solventar con ayuda de la Unión Europea y el Banco Central Europeo; pero también del papel que España quiere jugar en el escenario europeo, especialmente luego de la salida de Reino Unido. La segunda es precisamente la crisis económica, que obligó a España a poner toda su atención en salir de ella y, como se acaba de comentar, ello hizo que toda su diplomacia se centrase en obtener ayuda de la UE. Y de hecho esto mismo acaba de suceder con los fondos comunitarios para la reactivación económica post pandemia: España ha sido el primer socio comunitario en ver aprobado su plan económico por Bruselas y en recibir un primer tramo de financiación de dicho programa económico europeo.

La ausencia de una política exterior clara hacia América Latina reside también en cierto alejamiento o desinterés de Madrid hacia la región, y aquí operan dos cuestiones. Una es la polarización que se vivió -y que aún está presente- en el continente a raíz de la situación política en Venezuela con la revolución bolivariana de Chávez y continuada por Maduro. Esto tuvo como resultado una fragmentación política del continente que hacía -y hace- complicado articular una relación multilateral para Madrid que tenga un camino claro. La otra cuestión es que esa polarización regional se trasladó a la política doméstica española, especialmente con el ascenso al poder del gobierno de coalición entre Partido Socialista y Unidas Podemos. Se generó un “efecto espejo”: la derecha conservadora y liberal (PP) y la extrema derecha (VOX) reproducían mensajes de alarma ante la cercanía de Unidas Podemos a los líderes latinoamericanos de la izquierda del siglo XXI, con el fin de erosionar al gobierno coaligado. De esta forma el enfrentamiento político interno afecta a la política exterior hacia Latinoamérica.

Por todo esto, cabría poner en duda el papel de España como vocero de los intereses de Latinoamérica en la UE como defiende Holguín, pues está más centrado en los suyos propios. No obstante, a nivel bilateral hay que reconocerle al canciller que puede tiene sentido pensar en España de forma estratégica. La cuestión de la exención de visados Shengen para ecuatorianos -al igual que ya lo tienen peruanos y colombianos, todos miembros del Acuerdo Multipartes- es una de las prioridades para Quito desde hace al menos un lustro. Para lograr que Bruselas dé el visto bueno a la medida es vital que España le de su respaldo, aunque no se debe olvidar que las decisiones en el seno comunitario dependen mucho de la posición francogermana y del resto de socios. No obstante, el tema visados es delicado para España pues podría facilitar el flujo de migración que, nuevamente, se ha activado como consecuencia de la crisis postcovid que ha afectado de forma especial a Ecuador. También cobra sentido si se contempla la intención clara del ejecutivo de Carondelet de impulsar la atracción de IED hacia el país, y España es uno de los países con potencial para hacerlo; máxime teniendo en cuenta su amplia presencia en otros países de la región (México, Chile, Colombia, Brasil) en los sectores bancario, energético y de obras públicas.

Dicho lo anterior, el nuevo canciller debería tomar más perspectiva de la trayectoria de España hacia Latinoamérica y hacia Ecuador específicamente, y también de las dinámicas de la política exterior española para no hacer consideraciones tan determinantes sobre una acción exterior, la española, que no tiene muy en claro qué quiere de América Latina ni de Ecuador pero sí qué necesita para sí misma y el papel que quiere jugar en la UE en función de sus necesidades e intereses.

Bibliografía consultada: 

Del Arenal, Celestino (2014) América Latina, un escenario difícil para España. Revista Electrónica Iberoamericana 8(2), pp. 5-10. Disponible en http://www.urjc.es/ceib/ 

VV.AA (2021). Agenda Exterior: España y América Latina. Revista Política Exterior, 3 de junio. Disponible en https://www.politicaexterior.com/agenda-exterior-espana-y-america-latina/