Reserva Hermandad: una iniciativa de "soft power"

El pasado 14 de enero el presidente Guillermo Lasso firmó en aguas de Galápagos el decreto de creación de la "Reserva Hermandad", un espacio de 60.000 kilómetros cuadrados de mar que forma una suerte de corredor biológico entre la existente Reserva de Galápagos (132.000 kilómetros cuadrados) y la Cordillera de los Callos, ya en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Costa Rica. 

Esta reserva forma parte de un proyecto más amplio de cooperación multilateral en conjunto con Panamá, Costa Rica, Colombia e instituciones internacionales para crear entre las ZEE de los citados países un espacio de medio millón de kilómetros cuadrados, denominado Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental (CMAR).

El CMAR conectará a las islas Galápagos en Ecuador, la isla Malpelo en Colombia y las de Cocos y Coiba de Costa Rica y Panamá, respectivamente. Este acuerdo, así como la propuesta de creación de la Reserva Hermandad, se hicieron en el marco de la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26) de noviembre pasado.

La creación de esta reserva -que está dividida en dos zonas de 30.000 km2, una de "no take" donde no se podrá hacer ninguna actividad extractiva, y otra donde estará prohibida el uso del palagre, polémico por provocar pesca y muerte accidental de especies sin interés comercial o protegidas- ha sido posible por el mecanismo de "reserva por deuda": Ecuador protege esa área y, a cambio de la compra de bonos de deuda del país por parte de entidades internacionales. En este caso son tres las instituciones que comprarán hasta 300 millones en bonos: Fundación Pew, la Corporación para el Desarrollo de EE. UU. y el Banco Holandés de Desarrollo. Los réditos de esos bonos se emplearán en promover el desarrollo conservación de Galápagos y su reserva.

Este acuerdo simboliza, en palabras de Lasso, un ejemplo de cómo mediante la cooperación internacional y el diálogo es posible resolver los problemas derivados de los efectos negativos de la globalización económica y el cambio climático. 

Ecuador y su compromiso con el derecho internacional marítimo

Laa preocupación de este gobierno (y del anterior, pues la propuesta de canjear deuda del Estado por reservas biológicas ya le fue planteado en su momento al ejecutivo de Lenin Moreno) es heredera de una tradición muy marcada en la política exterior del Ecuador en lo que respecta al derecho del mar y a buscar su normatividad a través del multilateralismo.

Ecuador, como país de vocación marina, ha sido un gran impulsor de iniciativas en ese campo. Como parte de la Comisión Permanente del Pacífico Sur junto a Perú y Chile, en 1952 fue firmante de la Declaración de Santiago, que luego sería un de los puntos de partida de las Conferencias del Mar de Naciones Unidas, de cuyo seno salió a su vez la Convención de los Derechos del Mar de 1982. Y digo que fue un punto de partida porque en ese documento los tres países proclamaron

"[...] como norma de su política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas".

Si hoy entendemos que la ZEE es un espacio de sobernía plena de los países, es gracias a que Ecuador propuso y defendió (por boca del diplomático Jorge Fernández) ese concepto en la Declaración de Santiago (Cuví, 2020, pp. 64-65 y 70-71); y de hecho en la III Convención del Mar de la ONU fue la delegación ecuatoriana la encargada de defenderla (Carrión Mena, 1989).

Soft-power medioambiental

Además de ser coherente con la política exterior ecuatoriana, la decisión de la actual administración Lasso podría entenderse como una iniciativa de "soft power" para ganar espacio en el sistema internacional y colocarse como un país preocupado por los temas de conservación de fauna marina y uso sostenible de los recursos marítimos. Que haya atraído la atención de expresidentes norteamericanos como Bill Clinton o de actores individuales que en los últimos años se han comprometido fuertemente con la lucha ambiental -caso de Leonardo Di Caprio- es un indicador de ese soft-power. Sin embargo, la política exterior debe ser coherente con la política doméstica, y en este sentido, cuestiones como la ruptura del oleoducto OLP y el consecuente derrame de petróleo sobre la amazonía ecuatoriana, o la deforestación -a espaldas o con la ceguera de las autoridades- de las quebradas que rodean a Quito y que están detrás de aluviones destructores como los de la pasada semana en La Gasca hacen que el uso de lo medioambiental en la acción exterior sea, cuento menos cuestionable.

Ecuador por su biodiversidad y su posición geográfica puede y debe jugar en el plano internacional el rol de impulsor de iniciativas para la protección del medioambiente y la lucha contra el cambio climático; pero primero debe poner en orden puertas adentro sus políticas medioambientales para que la política exterior en ese sentido sea fuerte, creíble y eficaz.

Bibliografía consultada:

-Carrión Mena, F. (1989). Política exterior del Ecuador: Evolución, teoría y práctica. Editorial Universitaria.

 -Cuví, J. (2020). José Ayala Lasso. La diplomacia y el poder. Testigos del Siglo.